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Nacionales

Emiten ley que garantiza defensa de los derechos humanos durante cuarentena

Los funcionarios públicos, agentes de autoridad, autoridad pública y empleados públicos, durante la emergencia, deberán respetar y proteger los derechos humanos de los salvadoreños, por lo que se les prohíbe detener a personas y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso.

De acuerdo al objeto de la ley, la defensa de los derechos humanos deberá apegarse a la Constitución de la República, las leyes, tratados internacionales, reglamentos, protocolos, jurisprudencia y resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atinentes a la pandemia en mención.

Garantía de derechos humanos

Durante la vigencia de la ley, los salvadoreños conservarán sus derechos y garantías fundamentales, especialmente, el derecho al libre tránsito cuando fuere necesario para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, agua potable, compra de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias o brindar ayuda a un familiar en caso urgente y necesidad, enfermedad grave o fallecimiento.

Además, será inviolable la morada dentro del marco constitucional, únicamente podrán ser retenidas para efectos de eventual sometimiento a cuarentena o internamiento sanitario forzoso, en centros de contención o centro hospitalario, aquellas personas a quienes se les compruebe objetivamente que presentan síntomas de enfermedades por COVID-19, estando en cuarentena, se tendrá derecho a ser informados de su estado de salud, procedimientos médicos practicados y sus resultados, derecho a trato digno y adecuado en centros de contención, así como atención especial si padece alguna enfermedad crónica.

Asimismo, será un derecho ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidos a medidas individualizadas de cuarentena o según el caso.

Prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos

Los funcionarios públicos, agentes de autoridad, autoridad pública y empleados públicos, durante la emergencia, deberán respetar y proteger los derechos humanos de los salvadoreños, por lo que se les prohíbe detener a personas y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso, cuarentena, confinamiento, aislamiento, contención, delegaciones policiales o centros penales como forma de sanción o castigo por incumplir la cuarentena domiciliaria; también se prohíbe decomisar vehículos automotores o cualquier otro tipo de derechos patrimoniales de las personas.

Por otra parte, no podrán promover en forma pública estados de sitio, toque de queda o restricciones no contempladas en la ley; detener a personas por no usar mascarillas, guantes o cualquier otra indumentaria en la vía pública, y exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación por no cumplir la cuarentena domiciliaria, así como atarlos, esposarlos o realizar tratos humillantes o degradantes por tal motivo, entre otros.

Cuarentenas domiciliares y no domiciliares serán obligatorias

La obligatoriedad de cumplir cualquier tipo de cuarentena permanecerá durante el período de emergencia nacional, quienes se rehúsen a cumplir con la cuarentena obligatoria no domiciliaria serán conducidos a atender la misma sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar.

La duración máxima de la cuarentena o confinamiento sanitario forzoso no domiciliario no podrá durar más de 24 días, salvo que las autoridades de salud dispongan un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado.

Sanciones e Infracciones

Se constituirán infracciones leves las acciones de omisión de no explicar a la autoridad, los motivos de su estancia o circulación en la vía pública, salvo que por motivos de discapacidad no pudiere, salir de la cuarentena domiciliar por motivos distintos a los ya mencionados, permanecer en calles, esquinas, pasajes o sitios de tránsito público, barrios, colonias, comunidades, cantones, caseríos o ciudades sin ningún motivo.

Por otra parte, el transitar en la vía pública en estado de ebriedad -si condujere vehículo automotor, se le aplicarán las normas previstas a la ley de transporte-, dar falsa información sobre estancia o circulación en la vía pública a las autoridades, proporcionar una dirección falsa de su vivienda, e insultar o irrespetar a la autoridad, serán consideradas como infracciones graves.

En ese sentido, las infracciones leves serán sancionadas con multas entre un mínimo de $25 hasta un máximo de $150; y las infracciones graves tendrán un castigo económico mínimo de hasta $150.01 hasta un máximo de $300.

Los infractores de la ley, podrán pagar la multa o solicitar la conversión de esta por trabajo de utilidad pública, ya sea limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos, oficios varios que no requieran adiestramiento previo en hospitales públicos o unidades de salud, y colaboración en proyectos de beneficio a la comunidad realizados por las alcaldías municipales.

La normativa se emite tras la resolución HC 148-2020 de la Sala de lo Constitucional, mediante la cual se ordenaron medidas cautelares respecto a la detención de personas que transitaban en las calles y que fueron llevadas a centros de contención; al respecto, se exhortó al Legislativo y al Ministerio de Salud a regular con urgencia las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Según la resolución, esta norma debía estipular que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad causada por el COVID-19 y las conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de este objetivo legítimo del Gobierno puede ser respondidas de modo enérgico, incluso con limitaciones intensas de derechos, pero solo dentro del marco de la Constitución, con la justificación razonable del caso, conforme a un procedimiento determinado y sujeto al control judicial (habeas corpus y otras vías disponibles)

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Detienen a sujeto por Agresión Sexual en perjuicio de una menor

Con una orden administrativa girada por la oficina Fiscal de Cojutepeque, fue detenido ayer José Elías Renderos Pérez, por atribuírsele el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz, en perjuicio de una menor.

Los abusos sexuales, según las investigaciones se cometieron en la casa de habitación de la víctima, ubicada en una de las colonias de la ciudad de Cojutepeque.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor, quien se enteró de los tocamientos indebidos después que su hija le contara lo sucedido a una familiar.

El escrito de inicio de la acción penal se presentará en las próximas 72 horas en el Juzgado de Paz de turno.

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Presidente Nayib Bukele anuncia plan de siete puntos para una reapertura saludable e inteligente

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la implementación de un plan de siete puntos para una reapertura “saludable e inteligente” ante las limitaciones y despojo de herramientas legales de la Sala de lo Constitucional para controlar la pandemia del COVID-19.

En su mensaje a la nación transmitido en cadena de radio, televisión y redes sociales, el mandatario señaló que “a pesar de que es una sentencia injusta” acatarán ese fallo de la Sala de lo Constitucional para quienes “la historia los va a condenar”.

El Presidente explicó que el plan de siete puntos tiene como objetivo “seguir luchando contra la pandemia, aún con todas las facultades que nos han quitado”.

El primer punto dentro del plan es el incremento de la capacidad hospitalaria con la que cuenta el país para atender a más pacientes, al concluirse la fase 2 del Hospital El Salvador, que ya cuenta con mil camas para cuidados intensivos.

La fase 2 ya se encuentra en funcionamiento con la atención de 25 pacientes a partir del miércoles pasado. “Lo inauguramos de una manera que yo me siento más contento, lo inauguramos atendiendo pacientes”, destacó el mandatario.

El punto dos está enfocado en mantener las “pruebas aleatorias masivas” con el desplazamiento de cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) a nivel nacional para detectar y atender a tiempo a pacientes. Este punto incluye la habilitación de un mapa interactivo que mostrará los lugares de mayor contagio.

El tercer punto consiste en la entrega a domicilio de kits de medicamentos para el COVID-19 a quienes lo requieran. Se continuará con la teleasistencia por medio de la línea de Call Center 132.

“Con la entrega de los kits de medicamentos domiciliares, vamos a lograr bajar la mortalidad de la enfermedad y vamos a descongestionar más los hospitales, pues más personas estarán tratándose en casa”, explicó el Presidente Bukele.

El cuarto punto consiste en la implementación de clúster (burbujas) en la que grupos cerrados de 10 personas podrán reunirse siempre y cuando cumplan con las medias sanitarias.

Explicó que el quinto punto es la continuidad de la entrega de los paquetes alimentarios para la población.

Como sexto punto, el Presidente informó que se emitirá un carnet de inmunidad para las personas que ya superaron la enfermedad y que adquirieron anticuerpos.

Los portadores del documento podrán ingresar a los diferentes lugares y pertenecer a cualquier otro clúster, porque ya no representan riesgo de contagio.

El séptimo punto consiste en la contratación de este grupo que ya superó el COVID-19, y que rondaría un poco menos de 10 mil personas, para apoyar en la entrega de kits de medicamentos y de paquetes alimentarios. Uno de los requisitos adicionales es la donación de plasma convaleciente. Se les pagaría un sueldo de $500 mensuales.

“Para nosotros es un gran recurso poderlos contratar y a la vez -en un tiempo donde todo el mundo ha sido golpeado con desempleo- vamos a generar un par de miles de empleos de los inmuno confirmados que quieran trabajar en el programa; de esa manera, está ayudando al país y si no tiene trabajo, está ayudando a usted mismo y a su familia”, destacó el Presidente.

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Ratifican empréstito por $250 millones para atención a crisis sanitaria y económica

Un crédito por $250 millones para financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador», fue ratificado con los votos de 59 diputados durante una sesión extraordinaria programada para este domingo. El contrato de préstamo se realizó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se consignan cláusulas anticorrupción y de transparencia, además de prácticas de rendición de cuentas sobre la utilización de esos recursos.

Los $250 millones serán destinados al financiamiento de los gobiernos municipales, $75 millones; financiamiento a productores agrícolas, $40 millones; Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres (FOPROMID), $20 millones; financiamiento de contrapartida de proyectos de inversión FOMILENIO, $55 millones; Hospital El Salvador -para funcionamiento del nosocomio-, $30 millones; atención de beneficios de veteranos y excombatientes, $12 millones; financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica -reintegros al Ministerio de Hacienda que fueron trasladados para atender la emergencia- $18 millones.

Según la información vertida en torno al crédito, el mismo tenía un plazo establecido para su ratificación, que se cumplió el pasado 31 de julio; sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, informó que el BID hizo una deferencia excepcional “en medio de la pandemia para atender la crisis, el esfuerzo que hizo es para ayudar a que El Salvador resuelva sus problemas, me refiero a la parte fiscal”; el parlamentario, además, hizo un llamado a trabajar juntos por el país, “El Salvador nos necesita unidos en medio esta pandemia, los salvadoreños hoy más que nunca necesitan a sus gobernantes trabajando juntos para que lo saquemos adelante”, acotó.

Para el diputado Carlos Reyes (ARENA), al ratificar el préstamo se le está cumpliendo al país. “Estamos cumpliéndole en esta situación difícil que vive el mundo entero. Aprobamos un préstamo de $250 millones que tiene condiciones favorables, 2.11% de interés con cinco años de gracia a un plazo de 20 años. Es importante la aprobación de los fondos porque estaba por vencerse; es de vital importancia asignarle $12 millones a los veteranos, tenemos el compromiso de conseguir el resto ($12 millones más). ¡Estamos honrando un compromiso internacional, un compromiso de Estado!”.

La diputada Nidia Díaz (FMLN) también se pronunció respecto al tema en cuestión y recordó que el 26 de marzo “el FMLN votó por el Decreto Legislativo n° 608 para crear un Fondo de Emergencia, recuperación y reconstrucción de la economía, autorizamos al gobierno para contraer deuda o emitir bonos hasta por $2 mil millones; desde ese 26 de marzo hemos acompañado la autorización para suscribir préstamos pero en esta ocasión no acompañamos la ratificación por varios cuestionamientos […] Esta vez hemos votado en contra de ratificar $250 millones porque no atiende prioridades, permite la corrupción y el nepotismo”.

El diputado Guadalupe Vásquez (GANA), en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, agradeció la votación favorable del dictamen, y agregó que esta “Asamblea tiene que cumplirle al país; estos recursos ayudarán a paliar la crisis financiera del gobierno y de las municipalidades. Creemos en El Salvador y no lo podemos dejar a la deriva”.

Además, el diputado Francisco Merino (PCN) enfatizó en que “los fondos para municipalidades, una vez cumplidos los requisitos, deben ser entregados de forma inmediata y directa; hay múltiples necesidades que no se han podido atender dado el atraso del desembolso del FODES. Hemos contribuido en forma positiva, rechazamos y condenamos las expresiones disociadoras de sectores que agreden constantemente a la Asamblea con fines electorales”.

El diputado Rodolfo Parker (PDC) explicó que el grupo parlamentario que representa estaba en la disposición de acompañar la votación siempre que estableciera mecanismos para garantizar la transparencia. “Hemos pasado a ser el país más endeudado de América Latina en la pandemia. No votaremos por más deuda si antes no se rinden cuentas a los veteranos, exportadores y proveedores del Estado”, manifestó en su intervención en el pleno.

Por su parte, el diputado Juan José Martel (CD) enfatizó que estos $250 millones son parte de los $3 mil millones “que ya habíamos autorizado conseguir y no representa endeudamiento extra a ello, es parte del paquete. En estos decretos 608 y 640 se definieron con precisión para qué serían utilizados esos recursos. Todas las resoluciones pasarán por tres momentos: autorización para suscribir, ratificación y luego vendrá su asignación en el presupuesto del país”.

Finalmente, el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario) sostuvo: “En este Pleno se vota sí o no, a favor o en contra, todo o nada, votamos por un paquete completo condicionado. En algunas partidas no estoy de acuerdo pero no puedo dejar por fuera las pensiones de los veteranos. Debemos ser congruentes, por supuesto que debemos exigir ejecución presupuestaria transparente porque no es dinero del gobierno o de esta Asamblea, sino que es dinero del pueblo salvadoreño”.

De acuerdo con la cronología del expediente, el 9 de julio de este año, la Asamblea aprobó la suscripción del contrato de préstamo; la petición para ratificar dicho empréstito fue presentado por la autoridad hacendaria hasta el miércoles 22 de julio y fue el jueves 23 del mismo mes que la correspondencia ingresó de forma oficial a la Asamblea, misma que se conoció en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el lunes 27 de julio, en ese momento, se tuvo una reunión con el ex ministro de Hacienda para ampliar detalles de este y otros préstamos a ratificar.

Los acercamientos con ese fin continuaron el miércoles 29 de junio, ya con el actual ministro Alejandro Zelaya. La sesión plenaria quedó abierta en aras de alcanzar un acuerdo sobre el tema; sin embargo, se cerró el viernes sin haber logrado el consenso requerido, el que se tuvo finalmente en la sesión extraordinaria, celebrada este domingo.

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