Con el objetivo de prevenir la violencia entre los jóvenes y crear espacios integrales para ellos, los diputados reformaron, con 64 votos, la Ley de Presupuesto 2023, para incorporar $4,408,460.00, a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Los recursos, provenientes del Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero entre el Kreditanstalt fúr Wiederaufbau (KfW) y la República de El Salvador, servirán para darle continuidad a la ejecución del Programa de Mejoramiento de Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador.

Concretamente, el dinero se invertirá para mejorar los centros integrales de Colón y Quezaltepeque, en La Libertad. También el de Santiago Nonualco, en La Paz, el de Cojutepeque, en Cuscatlán, y el de Tecoluca, en San Vicente.

Los recursos, además, se utilizarán para fortalecer las habilidades laborales de trabajo para jóvenes por medio de la contratación de servicios profesionales de gestores sociales de apoyo para el programa.

Asimismo, se fortalecerán las capacidades de instituciones nacionales ejecutoras, vinculadas al programa para actividades formativas y educativas: adquisición de mobiliario y equipo informática y se contratará consultoría de apoyo y monitoreo para el programa.

El diputado Christian Guevara explicó que este programa, inicialmente, era ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), pero debido a la disolución de esta entidad la DOM le dará continuidad al proyecto.

“Esto va en línea con nuestro mandato presidencial de darle oportunidades a la gente y a los jóvenes. Y aquí nosotros estamos dándole diligencia de forma rápida”, mencionó el parlamentario.

Mientras que el legislador Jorge Castro afirmó que cuando se impulsan iniciativas como esta se le apuesta a mejorar el rumbo del país.

“El rubro de los jóvenes es una inversión segura, porque le abonamos a los adultos de mañana, a los que van a tomar decisiones de país y que van a ser los funcionarios que ocupen los puestos vitales donde se tomen las decisiones”, dijo Castro.

Un total de 66 diputados avalaron reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután, que tendrán competencia sobre el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria número 123, las disposiciones de ambos juzgados serán de manera transitoria. Ambas instituciones laborarán de manera conjunta y equitativamente ejercerán su competencia en el CECOT, situado en Tecoluca, San Vicente, mientras se crea otra sede judicial que apoye esta competencia.

Los parlamentarios señalaron que debido a que es reciente la creación de este megacentro penitenciario no está definido el Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena que tendrá responsabilidad sobre él.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), periódicamente, realiza evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada juzgado y reportó que no es viable que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente asuma sus labores en el CECOT por tener una carga laboral más elevada, en comparación con los juzgados de Cuscatlán y Usulután.

Por otro lado, el pleno legislativo también aprobó, con 66 votos, la modificación la Ley Orgánica Judicial para brindar facultades a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, que está relacionado con el cumplimiento de las condenas impuestas en ese departamento.

De ser así, estos juzgados del departamento occidental laborarán de forma conjunta sobre el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.

Actualmente, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ejerce sus labores sobre personas internadas en el Centro Penal de Apanteos; mientras que, el Juzgado Segundo de Vigilancia ejerce su vigilancia en la Penitenciaría Occidental y el Centro Penal de Metapán.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), destruyeron 2,036.8 gramos de marihuana que tenía un valor económico de $2,323.31 y 2,026.8 gramos de cocaína, con un valor comercial de $51,564.6 .

La quema del ilícito se realizó en la cancha de fútbol del Cuerpo de Bomberos seccional San Miguel.

La droga incinerada fue incautada en operativos realizados entre 2019 y 2022 en los cuatro departamentos de la zona oriental, tras investigaciones hechas por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico de San Miguel.

El fiscal a cargo del procedimiento explicó que los estupefacientes corresponden a 18 casos judicializados.

Entre la droga quemada están 1002.1gramos de cocaína que fueron incautados a Noé Salomón Castro Majeno, el 14 de abril de 2021 en el kilómetro 179, carretera el Litoral, caserío El Palmar, Conchagua, La Unión.

La FGR logró, el 23 de febrero de este año, que el Juzgado de Sentencia de La Unión, condenará a 15 años de prisión a Castro Majano.