La Unidad de delitos relativos al Patrimonio Privado de la oficina fiscal de Apopa logró condenar a tres miembros de pandilla a 15 años de prisión, por el delito de Extorsión Agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Los imputados responden a los nombres de: Noé Alexander Navarro, Paul Anderson Velásquez Gálvez y Carlos Alfredo Cartagena Leiva, todos miembros de la pandilla 18 Revolucionarios que opera en el norte del departamento de San Salvador.

Las investigaciones indican que los implicados exigían a la víctima una cierta cantidad de dinero de manera semanal a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

Los hechos se dieron durante los meses de enero hasta mayo del año 2018 en las inmediaciones del cantón La Cabaña, municipio de El Paisnal, al norte de San Salvador.

El Tribunal Segundo de sentencia validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso y decidió condenarlos a la pena máxima estipulada para el delito acusado, que son 15 años de prisión.

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de Usulután, demostraron que José Leonel Orellana de 57 años intentó matar a su excompañera de vida con un corvo, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de Feminicidio Tentado.

En el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel, la fiscal del caso demostró con prueba pericial, documental y testimonial que el imputado lesionó el rostro de su expareja.

El 30 de noviembre del año 2019, la víctima se encontraba en su casa de habitación, ubicada en el cantón Anchila del municipio de Concepción Batres de Usulután, cuando Leonel Orellana ingresó por la fuerza, a eso de las 10:00 de la noche, y le exigió que le diera una taza de café. La mujer se negó a las intenciones del incriminado, pero este le advirtió muy molesto: “voy a regresar solo a matarte”. Minutos después Leonel Orellana se presentó con un corvo en la mano, la mujer al ver la acción intentó huir, pero fue perseguida por el condenado, quien le propinó una herida en el rostro.

Los familiares la auxiliaron de inmediato para que recibiera asistencia médica, y el imputado fue detenido posteriormente.

Con el objeto de regular la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) acorde a las atribuciones que la Constitución, tratados internacionales y otras leyes le confieren, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales finalizaron con el estudio de un anteproyecto de Ley Orgánica de la referida institución.

La PGR es una institución que forma parte del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con domicilio en la ciudad de San Salvador y con procuradurías auxiliares en todo el país para la prestación de servicios.

Entre los servicios que brinda la PGR, se mencionan asesoría, asistencia legal y psicosocial a todas las personas que lo requieran, velando por la defensa de la familia, mujer, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, adultas mayores y otros grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, le corresponde la representación judicial y extrajudicialmente en defensa de la libertad individual, derecho a una vida libre de violencia, derechos patrimoniales, derechos laborales; brindar servicios de mediación y conciliación, con un enfoque de Derechos Humanos, de inclusión y no discriminación.

En ese sentido, a consideración del diputado Mario Tenorio (GANA), quien preside esa mesa de trabajo legislativo, la nueva ley “es una herramienta innovadora dentro del funcionamiento interno de la Procuraduría General porque conlleva algunos procedimientos que tienen que ver el quehacer y los servicios que presta la institución y que se desempeñan en los tribunales de justicia”.

En la nueva ley, los diputados establecen en los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 el derecho a un nivel de vida digno y adecuado para la familia, niños y adolescentes; en ese caso las solicitudes de establecimiento, fijación, modificación y cesación de cuotas alimenticias. Recibida la solicitud por la unidad correspondiente, el mismo día se procederá a señalar fecha y hora para la conciliación entre las partes, la cual deberá ser celebrada en un plazo no mayor de doce días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.

Sobre esa base, el legislador Ricardo Velásquez Parker (ARENA), al referirse a la culminación del estudio de la nueva norma jurídica, lo calificó como un “legado a la República de El Salvador, porque estamos fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio Público, particularmente de la PGR que habilita nuevos servicios, de cara a representar a los ciudadanos”.

De igual forma, se establece la creación de la Unidad de Fondos de Terceros, el cual tiene entre sus principales funciones: Informar de oficio a las unidades pertinentes sobre personas que se encuentren en mora respecto a sus cuotas, a fin de que dichas unidades inicien las acciones legales pertinentes. Servir de intermediaria en la recepción y pago de los fondos derivados de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios en materia laboral, derechos patrimoniales y otros.

Por su lado, el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario) destacó que con la nueva Ley Orgánica se le “otorga prioridad al usuario a quien atiende la PGR, se facilita la labor de los procuradores, se regula la atención a mujeres víctimas de violencia, es un proyecto integral que permite priorizar en la atención a los usuarios”.

En ese contexto, los parlamentarios establecieron que la Oficina para Adopciones es una unidad especializada de la PGR, con autonomía técnica, bajo la supervisión de la persona titular. Tiene como función principal recibir, tramitar y resolver con agilidad las solicitudes de adopción de niñas, niños y adolescentes, así como de los procesos o diligencias que sean necesarios para tal fin, garantizando el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Para dar cumplimiento a su mandato constitucional con enfoque de derechos humanos, la Procuraduría debe orientar sus servicios públicos de carácter legal, psicosocial y resolución alterna de conflictos, bajo los más altos estándares de integridad en la atención a la población, promoviendo una cultura de paz y convivencia ciudadana, fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, en el marco de la transparencia y la ética institucional.