El Ejecutivo reafirmó que está dando cumplimiento a las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado de la ley de proscripción de pandillas, que mandatan la eliminación de toda la simbología adoptada por estructuras delincuenciales a escala nacional.
«¿Por qué destruimos las lápidas de las tumbas de los pandilleros?», preguntó el presidente Nayib Bukele en Twitter la noche del jueves, y agregó un videoclip del reciente acto de lanzamiento de la fase V del Plan Control Territorial(PCT), explicando que todo mensaje alusivo a las pandillas es ilegal.
Con la modificación de la normativa se adicionó un tercer inciso al artículo 1 para dejar establecido que «se declaran ilegales los textos, las pinturas, los diseños, los dibujos, los grafitis o cualquier otra forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada que implícita o explícitamente transmitan mensajes relacionados con las diferentes agrupaciones» criminales.
Como complemento de esa reforma, la Asamblea Legislativa también incorporó un nuevo inciso al artículo 345 del Código Penal, que establece que serán sancionadas con 10 a 15 años de cárcel las personas que elaboren, participen, faciliten o fabriquen textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier otra forma de expresión visual que haga referencia a los grupos delincuenciales.
Como fruto de esas reformas, el Gobierno del presidente Bukele, por medio de instituciones como la Dirección General de Centros Penales, inició la remoción de la simbología de las pandillas en las tumbas donde yacen restos de los integrantes de esas estructuras.
«Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga “Mara Salvatrucha” o que diga “Barrio 18”, simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos», explicó el gobernante.
Esas reformas de ley fueron propuestas por el Ejecutivo en abril del año pasado, un mes después de entrar en vigor el régimen de excepción, que se sumó al Plan Control Territorial (PCT) con la finalidad de robustecer el combate de las pandillas y el crimen organizado.
Dichas modificaciones legales, así como la aprobación del estado de excepción, se lograron gracias a los votos de los diputados de Nuevas Ideas, partido que tiene la mayoría calificada (56 de 84 votos) en la Asamblea Legislativa, y los aliados.
«No se puede tener símbolos de pandillas en ningún lado, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba», reiteró el mandatario, quien tiene amplio respaldo de la población por las políticas de seguridad que impulsa.