Con el objeto de regular la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) acorde a las atribuciones que la Constitución, tratados internacionales y otras leyes le confieren, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales finalizaron con el estudio de un anteproyecto de Ley Orgánica de la referida institución.
La PGR es una institución que forma parte del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con domicilio en la ciudad de San Salvador y con procuradurías auxiliares en todo el país para la prestación de servicios.
Entre los servicios que brinda la PGR, se mencionan asesoría, asistencia legal y psicosocial a todas las personas que lo requieran, velando por la defensa de la familia, mujer, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, adultas mayores y otros grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, le corresponde la representación judicial y extrajudicialmente en defensa de la libertad individual, derecho a una vida libre de violencia, derechos patrimoniales, derechos laborales; brindar servicios de mediación y conciliación, con un enfoque de Derechos Humanos, de inclusión y no discriminación.
En ese sentido, a consideración del diputado Mario Tenorio (GANA), quien preside esa mesa de trabajo legislativo, la nueva ley “es una herramienta innovadora dentro del funcionamiento interno de la Procuraduría General porque conlleva algunos procedimientos que tienen que ver el quehacer y los servicios que presta la institución y que se desempeñan en los tribunales de justicia”.
En la nueva ley, los diputados establecen en los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 el derecho a un nivel de vida digno y adecuado para la familia, niños y adolescentes; en ese caso las solicitudes de establecimiento, fijación, modificación y cesación de cuotas alimenticias. Recibida la solicitud por la unidad correspondiente, el mismo día se procederá a señalar fecha y hora para la conciliación entre las partes, la cual deberá ser celebrada en un plazo no mayor de doce días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.
Sobre esa base, el legislador Ricardo Velásquez Parker (ARENA), al referirse a la culminación del estudio de la nueva norma jurídica, lo calificó como un “legado a la República de El Salvador, porque estamos fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio Público, particularmente de la PGR que habilita nuevos servicios, de cara a representar a los ciudadanos”.
De igual forma, se establece la creación de la Unidad de Fondos de Terceros, el cual tiene entre sus principales funciones: Informar de oficio a las unidades pertinentes sobre personas que se encuentren en mora respecto a sus cuotas, a fin de que dichas unidades inicien las acciones legales pertinentes. Servir de intermediaria en la recepción y pago de los fondos derivados de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios en materia laboral, derechos patrimoniales y otros.
Por su lado, el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario) destacó que con la nueva Ley Orgánica se le “otorga prioridad al usuario a quien atiende la PGR, se facilita la labor de los procuradores, se regula la atención a mujeres víctimas de violencia, es un proyecto integral que permite priorizar en la atención a los usuarios”.
En ese contexto, los parlamentarios establecieron que la Oficina para Adopciones es una unidad especializada de la PGR, con autonomía técnica, bajo la supervisión de la persona titular. Tiene como función principal recibir, tramitar y resolver con agilidad las solicitudes de adopción de niñas, niños y adolescentes, así como de los procesos o diligencias que sean necesarios para tal fin, garantizando el interés superior de la niña, niño y adolescente.
Para dar cumplimiento a su mandato constitucional con enfoque de derechos humanos, la Procuraduría debe orientar sus servicios públicos de carácter legal, psicosocial y resolución alterna de conflictos, bajo los más altos estándares de integridad en la atención a la población, promoviendo una cultura de paz y convivencia ciudadana, fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, en el marco de la transparencia y la ética institucional.
